La prevención de delitos que ha implementado Sicmafarma S.A. radica en una forma de organización, administración y supervención para prevenir posibles delitos.  

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue instituida formalmente en el Ecuador por el Código Orgánico Integral Penal en vigencia desde el 10 de agosto de 2014. El COIP establece que las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas.  

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, Sicmafarma S.A. ha implementado un modelo de prevención de delitos, reglamento que tiene por objetivo prevenir la comisión de delitos.  

La Prevención de Delitos que ha implementado Sicmafarma S.A., radica en un conjunto de diversas herramientas y actividades de control que se realizan sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas al riesgo de comisión de los Delitos antes señalados.  

Lo dispuesto en este reglamento es de carácter vinculante y obligatorio para todas las personas colaboren, presten servicios, o actúen frente a terceros a nombre de Sicmafarma S.A., cualquiera sea el título o calificación jurídica bajo el cual se desempeñen.